Los agricultores garantizan el suministro estable de alimentos, producidos de manera sostenible y a precios asequibles, a más de 46 millones de españoles. La política agrícola de España y por extensión de la Unión Europea debería garantizar un nivel de vida digno para los agricultores al mismo tiempo que establecer requisitos sobre salud y bienestar de los animales, defensa del medio ambiente y de seguridad alimentaria. El desarrollo rural sostenible debe completar el engranaje de la política agrícola común de la Unión Europea.

España tiene una población total de unos 46 millones de personas de los cuales el 7.3 % vive en zonas rurales. Los agricultores españoles son más de 266.482 cotizantes según datos de la seguridad social y la industria agroalimentaria constituye uno de los principales sectores económicos del país en términos de empleo, volumen de negocio y exportaciones.

Hasta el 2020, la nueva política agrícola común (PAC) invertirá́ casi 45.000 millones EUR[1] en el sector agrícola y en las zonas rurales de España. Sin embargo, se muestra el aparente contrasentido de que es más beneficioso para el Estado que para el sector agrario estrictamente. Esto se debe a que una de las principales aportaciones de la PAC ha sido la llegada a las arcas públicas españolas de una importante partida presupuestaria, de la cual sólo una parte ha servido para corregir los puntos débiles del sector que son, en general, estructurales y sociales.

La PAC no ha reducido las grandes desigualdades entre explotaciones, no ha evitado el éxodo ni la agonía del medio rural, no ha compensado a los agricultores sometidos a restricciones ambientales, no ha promovido la reestructuración, no ha evitado la degeneración de los recursos naturales y no ha sido eficaz para promover mayores niveles de estructuración.

La PAC ha servido de cebo para conseguir la domesticación del sector agrario en su reivindicaciones ante la falta de políticas de protección encaminadas a corregir las especulaciones de los precios en las producciones agrícolas y ganaderas.

La PAC fue diseñada para promover un modelo de agricultura –básicamente francés y alemán– y en España no ha servido para garantizar un sector agrario sostenible y competitivo a medio y largo plazo.

Ante esta situación y si unimos la crisis actual, la dimensión de los retos y la complejidad de los problemas nos obliga a hacer de la política agraria una política de Estado, una política nacional con objetivos firmes y cuantificables orientados a mantener las funciones de la agricultura, de lo contrario, el declive del medio rural será algo más que una realidad próximamente.

Las medidas de aplicación por urgente necesidad deberían basarse en los siguientes diez grandes objetivos:

1.- Aumentar la competitividad del sector.

Un aumento de la competitividad conllevaría una política administrativa que facilite la utilización de los recursos naturales (agua y suelo), una restructuración de la explotaciones, reducciones fiscales en la organización de los productores, una disminución de los costes energéticos, unos planes de inversión en formación y nuevas tecnologías, potenciar la diferenciación por medio de sistemas de calidad certificada, y facilidades fiscales para la internacionalización y promoción de las exportaciones.

2.- Mejora y potencialización de los seguros agrarios.

El sector se muestra convencido de la utilidad de los mismos, aunque piden mejoras y mayores ayudas para que los agricultores puedan afrontar las pólizas.

Es necesario mejorar su financiación, hacerlos extensivos a todos los productos, proponer su posible obligatoriedad para mejorar su fortaleza, aprovechar las economías de escala, y su adecuación a la variable del cambio climático.

Promover la «discriminación positiva» hacia las organizaciones agrarias frente a las ventajas que el sistema presta a otros mediadores, puesto que son éstas las que ostentan la representatividad de agricultores y ganaderos para asesorarse y solicitar auxilio.

Es necesario un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario para reducir el coste de las pólizas basado en un principio de solidaridad entre unos sectores y otros y entre unos territorios y otros.

Rechazamos las propuestas dirigidas a futuros seguros privados de precios y rentas. Entendemos que este tipo de seguros no solucionan la precaria rentabilidad que atraviesan las explotaciones fruto de la especulación de los precios en el mercado.

3.-Medidas para evitar la volatilidad del mercado.

España debe exigir a la UE un cambio en el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial, e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que cubran sus costes de producción.

Se ha demostrado que el propio mercado no es suficientemente eficaz para mitigar los efectos de la gran volatilidad. Ante esta realidad, España debe equiparse de herramientas ágiles y eficientes para responder a estas crisis.

Es necesario utilizar como instrumentos la intervención en los precios de forma actualizada y el almacenamiento de productos, además de reservas de emergencia.

La aplicación de los nuevos acuerdos de libre comercio (TTIP, CETA, Australia y Nueva Zelanda, Japón, etc. ) tienen graves impactos sobre nuestra agricultura y alimentación. En todos ellos el modelo de agricultura familiar, sostenible, de explotaciones pequeñas y medianas, que es mayoritario en Europa, se pone en peligro beneficiando los intereses del modelo industrial de la distribución. Es de urgente necesidad su revisión y en algunos casos su paralización, ya que afectan directamente a los marcos regulatorios de seguridad alimentaria, normativa ambiental, denominaciones de calidad, y volatilidad de los precios.

4.- Promover la diversificación de las rentas de los agricultores, con ayudas a la inversión.

5.- Acuerdos marco para la importación de fertilizantes.

Los fertilizantes naturales representan el 30% de los costes variables de todos los sectores, y este porcentaje es del 40% en el caso de los cereales y del 45% para las oleaginosas. Es necesario contar con fertilizantes de calidad y a precios competitivos.

Ni España ni la UE dispone de suficientes capacidades de producción para satisfacer la demanda de abonos minerales de nuestros agricultores, por lo que deben importarse de otros países, siendo importante mantener y diversificar las fuentes de abastecimiento para disponer de fertilizantes de buena calidad a unos precios competitivos.

6.-Priorizar la política agrícola española sobre la política agrícola común.

La fijación de los criterios españoles en el importe de las subvenciones no debe someterse a la voluntad arbitraria de la Unión Europea. Se hace necesario un Estado fuerte que sea capaz de sostener unas negociaciones beneficiosas para nuestros intereses nacionales con el objetivo de salvar y mejorar el modelo español de agricultura familiar.

7.- Fomentar y reconocer la producción sostenible y multifuncional, aumentando la superficie agrícola protegida y los incentivos para que los agricultores adopten prácticas respetuosas con el medio ambiente.

8.- Simplificación y reducción de cargas administrativas.

Se hace necesaria una simplificación de las cargas administrativas que sufren los agricultores para el desempeño cotidiano de su labor. Es necesario detener la explosión de normas reguladoras que no facilitan la agilidad en el desarrollo de las nuevas explotaciones agrícolas y su posterior desarrollo.

Se debe potenciar y animar a los jóvenes agricultores mediante políticas de exención de impuestos durante sus primeros años.

9.- Mecanismos públicos para evitar las prácticas abusivas y desleales.

Es indispensable poner en marcha mecanismos públicos para luchar contra la competencia desleal de las importaciones de productos agrícolas y alimentarios que no respetan las normas de producción españolas en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y medio ambiente, así como, para evitar las prácticas abusivas y desleales (venta a pérdidas, subastas a ciegas,…).

Se debe conseguir un equilibrio entre las normas de competencia, su manejo por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario, fijando la singularidad o inaplicabilidad de dichas normas en los mercados agrarios por su particularidad, con suficiente seguridad jurídica y reglamentaria.

La agricultura necesita el reequilibrio de la cadena de valor agroalimentaria imponiéndose una trazabilidad completa de origen geográfico y lugar de procesamiento en las etiquetas con el fin de asegurar la transparencia y una información exhaustiva para los consumidores.

10.- Patriotismo económico y unidad de acción.

La soberanía alimentaria debe basarse en el apoyo económico institucional a los productos agrícolas españoles y reflejarse en los planes de contratación pública para nuestros agricultores y nuestros pescadores.

Nuestro sistema autonómico genera desigualdades en el control y regulación de nuestra agricultura. Se exige establecer un sistema de coordinación y toma de decisiones común, ahora inexistente, que asegure una mayor consistencia de las políticas adoptadas por los distintos gobiernos autonómicos.

Se debe convertir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la terminal de coordinación real de la gestión de todas las administraciones autonómicas al servicio del sector agroalimentario y el medio rural. Dotándolo de autoridad y subordinando las demás administraciones a dicha coordinación desde el punto de vista normativo y ejecutivo.

No será fácil hacer de la política agraria de España una política de Estado. La agricultura española es muy heterogénea, y en todos los territorios y en todos los sectores apremia que la Administración enaltezca la profesión agraria. Un nuevo modelo de política agraria exige vencer el acomodado statu quo administrativo y presupuestario, dedicando más recursos a la agricultura y aplicando las medidas que hemos expuesto.

[1] Dotación total de los pagos directos y del desarrollo rural para el período 2014-2020