¿Quién debería de soportar los sobrecostes de una obra pública en España?

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Una visión actualizada bajo el prisma del arbitraje internacional por la disputa de la ampliación del Canal de Panamá.

En España es una Ley no escrita ni publicada en el BOE que los sobrecostes de una obra pública deben ser soportados siempre por el Estado o la Administración Pública contratante.

De esta manera durante los últimos decenios democráticos hemos contemplados estupefactos cómo se hinchaban los presupuestos de las licitaciones públicas convirtiendo estos procesos en meras fases preliminares de un auténtico saqueo de las cuentas públicas en España.

Y así es que mediante las ficciones de los llamados proyectos complementarios y modificados sobre las obras inicialmente presupuestadas se multiplicaban por dos o por tres las partidas inicialmente contempladas en una especia de costumbre con fuerza vinculante ante la que cualquier autoridad o fuerza opositora se rendía sin contemplaciones.

Los grandes licitadores de obras públicas en España han abusado y forzado la Ley hasta límites insospechados y el resultado es un agujero negro en las cuentas públicas que son de todos.

Sin embargo, hemos asistido a una importante resolución arbitral internacional que fija una línea interpretativa absolutamente contraria a la expuesta por las autoridades españoles a este respecto, como es el hecho de que aquella empresa que diseña y presupuesta una obra pública es responsable, cuando es además su ejecutora, de los sobrecostes que pudieran surgir en su materialización.

De esta manera el consorcio de constructores presidido por Sacyr Vallehermoso no ha podido actuar “a la española” ante la Autoridad del Canal de Panamá en su afán de conseguir por la vía de la modificación del presupuesto, el doble de lo inicialmente contemplado porque así lo ha dictaminado un Tribunal internacional de Arbitraje que ha dictaminado que la única responsabilidad por ese abismo presupuestario es imputable a la parte constructora pues fue la diseñadora y ejecutora de la obra de ampliación del Canal de Panamá.

De nada ha servido el viaje de altísimo nivel que realizaron dignatarios españoles, incluida Ministra de Fomento a la zona, para intentar exportar nuestra liberalidad presupuestaria nacional.

Las autoridades panameñas no cedieron y la pregunta que se me suscita en cuánto le va a costar de nuevo a las cuentas públicas españolas dicha obra porque había avales del Estado Español en juego por la paralización y retraso de la obra que realizó el Consorcio constructor, típica medida a la española para conseguir fácilmente aquí en territorio patrio lo que se puede observar ya no conseguimos fuera de nuestras fronteras.

Ni que decir que la parte italiana en el Consorcio no llevaba asociados avales del Estado Italiano, lo que nos da una idea de cómo actuamos de una manera tan irresponsable como liberal cuando de dinero que no es nuestro se trate, aunque al final nos acabe alcanzando a todos.

Es evidente que la señal de alarma de comportamientos fraudulentos en aquella licitación la dieron las autoridades estadounidenses cuando amenazaron con demandar al Consorcio presidido por Sacyr Vallehermoso por comportamiento “anti-competitivo” al hundir los precios en el proceso de adjudicación de la obra.

La nota folclórica la ofreció el máximo responsable de la compañía española cuando llegó a afirmar que con la obra del Canal de Panamá se había hecho “Marca España”….

Está claro que para algunos la Bandera es una manera de poder justificar lo injustificable.

Es preciso un cambio de comportamiento de la Administración Española en los procesos de autorización de los sobrecostes de las obras públicas.

El Caso del Canal de Panamá nos ha evidenciado que hay una manera más equitativa de solventar este tipo de controversias.

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