Por la seguridad de nuestros agricultores y ganaderos

robos

Los robos en el medio rural provocan perdidas millonarias entre nuestros agricultores y ganaderos. Aunque muchas veces se han anunciado planes de seguridad para el campo, la realidad es que estos nunca llegan o cuando empiezan a desarrollarse, la discriminación positiva de nuestro ordenamiento jurídico, los recortes de personal y la falta de medios materiales obstaculizan su eficacia. No se toman las medias estructurales necesaria por falta de recursos, atajando el problema coyuntural mediante cálculos electoralistas.

Los datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad no dejan lugar a dudas; A pesar de la creación del operativo “ROCA” de la Guardia Civil en 2013 y a su estimable buen hacer en la reducción de las incidencias desde su creación con los pocos recursos que cuentan, los datos de 2017 referidos a los hechos computados de delitos y faltas de hurtos, hurtos en el interior de vehículos, robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos y robos con violencia e intimidación, cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas son alarmantes.

La debilidad del sector primario, propiciada por la programada desaparición del sector agrario y ganadero europeo generada a través de los lobbies que controlan los mercados especulativos mundiales, hace insostenible económicamente cualquier contingencia, y más cuando este tipo de eventualidades conllevan una concatenación en el incremento de los gasto de producción (reposición de material, subida de primas en seguros, gastos en seguridad…). Este sector es fundamental para la generación de riqueza y empleo en el medio rural. De la agricultura y ganadería viven muchos miles de familias. A los daños económicos hay que sumar la situación de indefensión y el miedo por la sensación de impunidad en la que se encuentran el sector debido a la dejadez y la incompetencia de las medidas políticas adoptadas por el Ministerio del Interior y las Comunidades Autónomas que tienen cedidas sus competencia en materia de seguridad rural.

Sin contar en las estadísticas los datos de la comunidad autónoma catalana, la cantidad de delitos y faltas cometidos en todo el territorio nacional relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas superan los 13.600 en el año 2017.[1] Siendo la provincia de Valencia, la provincia española más afectada por este tipo de delitos o faltas (1756/año). A ella le sigue Almería con un total de 1000 hechos por año y destacando la Región de Murcia (como región uniprovincial), Aragón, y las provincias de Toledo, Badajoz y Sevilla como las provincias más atormentadas por estas actuaciones delictivas. Sin embargo, en términos comunitarios, Andalucía es la región española más afectada con más de 4700 expedientes.

Si extrapolamos los últimos datos ofrecidos por la comisión de interior del Parlamento Catalán, los Mossos d’Esquadra han recibido alrederor de 3500 denuncias entre las generadas por robos con fuerza y las faltas y delitos de hurto en el medio rural, siguiendo esta comunidad a Andalucía, en el ranking de las más afectada desde el punto de vista estadístico por la lacra de la delincuencia. Dato significativo puesto que elevaría los delitos totales por año en España a más de 17.000, y más teniendo en cuenta que nuestro país vecino, Francia, en junio de 2016, contaba con 9475, es decir, poco menos de la mitad de los incidente producidos en España.

Si bien es cierto que la autoría de los delitos no corresponde exclusivamente a extranjeros, las fuentes policiales determinan que estos hechos son cometidos en un 30% por individuos sin la nacionalidad española, en mayor medida de nacionalidad rumana. A este porcentaje habría que sumar los delincuentes que bajo nacionalidad española delinquen después de haber obtenido la nacionalidad en los últimos años por medio de los procesos extraordinarios de regularización masiva de inmigrantes. También es significativo hacer hincapié en que las zonas geográficas donde existen una mayor cantidad de casos son aquellas donde la inmigración tiene unas tasas mayores de asentamiento.

La demanda de cobre por parte de los países asiáticos, sobre todo China, está disparando el número de robos de material en naves industriales, viviendas, infraestructuras públicas y privadas. Dependiendo de la zona geográfica, los daños se focalizan sobre unos u otros tipos de bienes, pero sobre todo hay que destacar maquinaria agrícola, gasóleo, fertilizantes y las canalizaciones de cobre para agua de los cultivos, unido a las producciones de cítricos, frutas y hortalizas en Levante-incluido Almería-, aceitunas en Andalucía y uva en Extremadura o Castilla la Mancha.

Las distintas asociaciones agrarias cifran en millones los daños generados por los robos y hurtos en el entorno rural. A modo de ejemplo, los cálculos por las perdidas provocadas en la provincia de Alicante alcanzan los 6 o 6,5 millones de euros, ascendiendo a más de 15 millones de euros si se contabilizan los daños y robos de materiales y maquinaria.

El Ministerio del Interior cuantificaba en octubre del año pasado en 77928 los efectivos disponibles de la Guardia Civil, dato que incluye a 1.729 agentes en prácticas y a 2.313 reservistas con ocupación. Cifras muy inferiores a los 85.354 miembros activos y 3.695 plazas para reservistas con destino que el catálogo de puestos de trabajo de la Guaria Civil establece.

El recorte en las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es un dato relevante, y que pone de manifiesto por ejemplo, el Registro de personal de Hacienda en el que se pueden contabilizar 74.295 miembros de la Benemérita.

También la Policía Nacional, es objeto de este recorte. Actualmente existen 63.319 agentes activos y 1.359 policías en prácticas, y según los datos de Hacienda del año anterior un total de 64488 agentes están en activo, cuando el catálogo de personal del CNP prevé 78.137.

Andalucía la más perjudicada.

En Andalucía se producen niveles de delincuencia muy superiores a las del resto de comunidades, con cerca de 400 casos delictivos al mes relacionados con explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando Almería con más de 3 casos diarios como la provincia más afectada. Inmediatamente después le sigue Sevilla con casi el mismo número de casos diarios; Córdoba, Huelva , Jaén y Granada con 2; Málaga con 1 y destacando Cádiz por ser la provincia andaluza con menor índice de incidencia. A este número de delitos habría que sumar aquellos que no se llegan a denunciar y que vendrían a multiplicar estas cifras.

Recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productos de este sector como medidas estrella para paliar el fenómeno de los robos. No obstante, la mayoría de las medidas administrativas capitaneadas por la Junta de Andalucía, suelen quedarse en iniciativas inoperantes por no dotarse de los medios adecuados y por no implementarse con la debida contundencia, sirviendo exclusivamente para la creación de nuevos puesto de trabajo en los cuales colocar a los acólitos correspondientes y así seguir alimentando la maquinaria autonómica del clientelismo político en manos del PSOE de Andalucía.

No hay una verdadera voluntad política para atajar el problema de forma estructural puesto que se tendría que partir de una política estricta del control de la emigración y de la delincuencia emanada de esta. Sobre todo debido a la imposibilidad de dar cabida a una población que sufre en primera persona los rigores de los flujos migratorios provocados por la globalización y el turbocapitalismo.

Las medidas que desde la administración se deberían tomar serían las siguientes:

  1. Por ser un sector estratégico de la economía española es necesaria una verdadera reforma de Código Penal, con el fin de establecer una legislación efectiva y específica en relación al cumplimiento de las penas por la comisión de delitos y faltas en el mundo rural, y en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, donde los daños colaterales, los costes, el tiempo de reparación, los perjuicios por la interrupción de las labores del campo, o la reincidencia serán un agravante real que se refleje en el cumplimiento de las sentencias.
  1. Establecimiento de acciones disuasorias con el fin de evitar la autoría de los robos por parte de personas sin nacionalidad española.
  • Revisión de los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación de personas: España debe retomar el control de sus fronteras.
  • Devolución de todos los inmigrantes que hayan cometido delitos penales y, de cualquier persona que ingrese o permanezca ilegalmente en España. Las penas de prisión contra extranjeros serán ejecutadas en su país de origen gracias a acuerdos bilaterales con dichos países.
  • Política de Inmigración sólo aceptada en base a contratos previamente obtenidos y temporales. Se estimulará a los extranjeros en situación legal y que no encuentren trabajo a regresar a su país después de un año de inactividad.
  1. Aumento de medios materiales y humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cumplimiento de los Catálogos de personal. Aumento de las partidas presupuestaria para la renovación de equipos y medios estructurales.
  1. Lucha contra la receptación. Intervención y controles en los puestos de compra de dudosa legalidad con el fin de evitar las transacciones con producto agrícolas robados. Intensificación de dichas intervenciones durante los periodos de cosecha. Inspección permanente de los compradores de material usado y de segunda mano con el objeto de fiscalizar los movimientos de infraestructuras robadas.
  1. Impulso para los ayuntamientos con el fin de conseguir la creación de unos cuerpos locales de guardas agropecuarios, una figura regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Creando así un servicio permanente de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, no solo durante periodos de la recolección. Financiación de estos cuerpos con el IBI de rustica, dándole sentido a las subidas sucesivas de las tasas y restituyendo al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este impuesto.

[1] Hechos conocidos sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. (Datos de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y a partir de 2013 cuerpos de Policía Local que facilitan datos) Ministerio del interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Coordinación y Estudios. 2018

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