Mileuristas: el atraco del Estado

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España está instalada en el déficit estructural y por eso asalta a los trabajadores y empresas haciendo que los sueldos sean bajos, parece que es normal cumplir unos objetivos de déficit cuando no es ni normal ni sano. El Estado no debería estar pensando en un objetivo de déficit, sino en un objetivo de superávit o, como mínimo, de equilibrio presupuestario.

Como ejemplo, nos vamos a centrar en los datos de empleo de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores a tiempo completo cuyo salario no llega a los 1.000 euros al mes representan el 12%(260.000 trabajadores) de total de los trabajadores. Sumando todos los tipos de contratos (parciales, temporales, a tiempo fijo) en Madrid se encuentran un millón de personas cuyos sueldos no alcanzan los 1.000 euros, de los que más de 747.000 están por debajo de 900 euros. Siendo el perfil mayoritario el de mujer, joven y circunscrita en los sectores del comercio o la hostelería.

Para terminar con el saqueo fiscal de la administración publica a estos ciudadanos se debería empezar por devolver el 10%, aproximadamente, de las retenciones en las nóminas a los españoles. Esta medida elevaría inicialmente la renta disponible de los trabajadores, la capacidad de inversión de las empresas y el nivel de ahorro de la sociedad, ayudando así a impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Al mismo tiempo es necesario reducir la carga impositiva a través de todos los impuestos que existen, revisando estos para o bien bajarlos, o bien suprimirlos, como en el caso del impuesto de sucesiones, de patrimonio o de donaciones, en toda España. En todos los demás, incluido el IRPF, hay que aplicar una rebaja sustancial. Creemos que la Administración Pública tiene que tener unos recursos con los que hacer aquello necesario para el conjunto de la nación, pero también creemos que existe muchísimo despilfarro y muchísimo dinero mal gastado.

Hacen falta unos nuevos presupuestos en las que se asigne partidas presupuestarias en base cero. Esta es la forma de reducir el gasto de todo lo superfluo (plan de reducción de entes públicos, de sociedades públicas, de las autonomías… y la centralización de ciudades, inversión en las diputaciones…) manteniendo un gran programa de inversión social de solidaridad con los españoles que más lo necesiten. Esta acción política en la gestión tendría un impacto fortísimo en la reducción de gasto público, y además podría tener también un gran impacto en la generación de Producto Interior Bruto (PIB). Creemos que se puede crecer muchísimo si el Estado, lejos de convertirse en una losa, se convierte en un elemento de competitividad que impulse al pequeño autónomo, al pequeño empresario, al profesional, a la pequeña y mediana empresa, con el fin de generar más actividad, generar más empleo de calidad, y generar una mayor recaudación fiscal aunque los tipos sean menores.

Estas medidas no significa un recorte en el gasto social, al contrario, el ahorro en el gasto político sólo lo notarían en su bolsillo los partidos políticos y sus organizaciones patronales y sindicales, además de sus tramas de enchufados y corruptelas. Ese recorte de gasto habría que invertirlo en mejorar la red de servicios del estado, aumentando y dignificando a sus médicos, enfermeros, maestros, policías, bomberos, ingenieros, etc…

Cuando hablamos de que un trabajador tiene mil euros de renta disponible, eso significa que el coste a la empresa de ese empleado es de dos mil euros. Por eso es necesario que el estado libere la fiscalización de los trabajadores en sus nóminas;

si recortamos esos gastos para que los perciban los trabajadores y no el Estado, si bajamos las cotizaciones sociales, y a la vez generamos más empleo con todas las medidas que estamos proponiendo, el sueldo medio de estos españoles podría subir entre doscientos o trescientos euros sin que le costara más al empleador.

Un ejemplo de esta nefasta política recaudatoria del estado es el Salario Mínimo Interprofesional, un elemento que se pone en práctica porque tenemos un mercado laboral ineficiente. Mucha gente trabaja con sueldos muy bajos y sus empleadores asumen una enorme carga empresarial al contratarles. Un mileurista en realidad es un dosmileurista atracado por el Estado. Sin embargo, reducir la política salarial al SMI tiene un gran efecto negativo en el acceso al primer trabajo de personas con poca experiencia laboral. Al poner un SMI demasiado elevado, lo que provoca es un impedimento en el acceso al mercado de todos esos trabajadores.

La crítica que hacemos a SMI no implica la defensa de su desaparición, sino su suspensión hasta que consigamos que el nivel medio salarial de los españoles aumente hasta la media europea. Estas medidas harían que la precariedad en el empleo no fuera un problema puesto que el trabajador ganaría más y el coste a la empresa sería menor que el actual.

En otro orden de cosa habría que plantearse el cambio del actual modelo de reparto que impone la Seguridad Social hacia un sistema mixto de capitalización, en el que se garantice una pensión pública mínima, y que los trabajadores por otro lado ahorren e inviertan parte de su sueldo para complementar sus prestaciones en la edad de retiro. Este planteamiento en relación a la Seguridad Social solventaría la insolvencia estructural del modelo vigente ante la falta de políticas efectivas de natalidad, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, permitiendo a los españoles acumular un cuantioso patrimonio financiero durante su vida laboral, con la ventaja añadida de que podrían legarlo a sus familias.

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