La política migratoria: una cuestión de Estado

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El objetivo del presente ensayo es el de analizar el fenómeno de los procesos migratorios internacionales teniendo en cuenta causas y efectos económicos, dada la importancia e incidencia que tienen sobre estos factores de manera directa o indirecta. Centraremos el análisis en el caso español en la actualidad, como país receptor, concretando sus consecuencias específicas.

La migración tiene dos componentes: la salida de los países de origen o emigración, y la entrada en los países receptores o inmigración. Este proceso se puede dar de manera libre o forzada y puede estar mediado por circunstancias sociales (económicas, culturales, educativas, religiosas…) o naturales.

A lo largo de la historia los procesos migratorios han sido una actividad consustancial a la naturaleza en los comportamientos del hombre y le ha acompañado en su devenir. Los pueblos se han conformado y estructurado en gran parte por los procesos migratorios.

Podemos definir la migración internacional como la circulación de personas de un Estado-Nación a otro para ejercer su residencia, siendo el tiempo estimado de esta lo suficientemente largo como para asentarse. El Banco Mundial fija en un año esta estimación.

Cuando las personas migran, trasladan consigo sus conocimientos, forma de pensar, costumbres, percepciones artísticas, credos y sueños; por eso sería reduccionista analizar este fenómeno sólo y exclusivamente desde la perfectiva de flujos monetarios o movimientos de capital humano.

La presencia de los inmigrantes genera una coyuntura valiosa para enriquecer las diversas formas culturales (música, cine, teatro, artes plásticas, deportes, gastronomía, etc.) en la comunidad de recepción y favorece el impulso de nuevas manifestaciones que pueden nacer al abrigo de estas.

Ante la magnitud de factores interrelacionados en este fenómeno se deben hacer evaluaciones rigurosas y evitar las generalizaciones acerca de los efectos de la inmigración, teniéndose en cuenta: el grado de apertura de la economía en el país receptor, las capacidades de respuesta social del país de acogida, el grado de flexibilidad del mercado laboral, el reparto de los flujos migratorios por comarca y actividades económicas, el grado de ocupación, la experiencia, la cualificación, el tiempo que se mantiene la residencia, y la criba de las actividades en función del sexo y procedencia del flujo migratorio. Todos estos factores deben de tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de la inmigración en los países de recepción concretandose con otros informes.

Desde la defensa de la naturalidad de los procesos migratorios, desde el sentido de responsabilidad que conlleva el análisis y el impacto de estos en los países receptores, y desde la asunción de la inmigración como un proceso que aporta beneficios cualitativos y cuantitativos a las naciones de origen y de recepción, es necesario no dejarse llevar por los postulados de inmigracionistas de extrema izquierda, liberales-libertarios, y neo-liberales ultras que influenciados por los procesos de mundialización neoliberal imprimen la opinión generalizada de que los movimientos migratorios no tienen que estar regularizados en ninguna de sus formas.

Estas ideologías radicales transformadas en actitudes generalizadas y en decisiones gubernativas, convierten la lógica necesidad y naturalidad de los procesos migratorios en un animal en peligro de extinción como consecuencia de las regularizaciones masivas de inmigrantes. A este canto de sirena se unen bienintencionadas posturas particulares de unos medios de comunicación influenciados bajo el falso humanitarismo heredado de posturas progresistas homogeneizadoras, que parten de la evangelización de la mundialización neoliberal con el fin de aumentar sus cuenta de resultados.

Es evidente que liberales-libertarios y neo-liberales ultra, como vanguardia de las posturas mundialistas, han arrastrado al inmigracionismo de extrema izquierda a la defensa de los mismos postulados pero con un trasfondo intencional distinto.

La supervivencia de la inmigración esta en juego por culpa del inmigracionismo. Nuevamente los “ismos” derivados de la modernidad están asesinando la propia actividad consustancial a la naturaleza en los comportamientos del hombre en los procesos migratorios.

Para el capital es un gran negocio el descontrol en los procesos migratorios, este descontrol se traduce en movimientos masivos de personas en un muy corto plazo de tiempo. Esto conlleva por un lado, la homogenización cultural en gustos de consumo, lo que hace posible que las grandes multinacionales tengan la capacidad de aumentar sus potenciales clientes generando necesidades parejas independientemente del Estado-Nación en el que se encuentren sus futuros consumidores; y por otro, el freno de la productividad como consecuencia de las modificaciones salariales a la baja. En la lógica neoliberal, en un sistema de libre-cambio, los salarios tienden a uniformarse a la baja en todos los países y el efecto es una disminución de la demanda y la tendencia a una sobreproducción mantenida en el tiempo.

Regulaciones masivas y velocidad de flujos en España.

Si aceptamos que la emigración española a América Central y del Sur posteriormente a Colón para el siglo XVI fue de 200.000 emigrantes, 350.000 para el XVII, y 55.000 viajeros para el siglo XVIII[1], contabilizando tanto la emigración legal como la clandestina, no es hasta el siglo XIX y principios del XX donde se produce una emigración en masa registrada desde 1882 por el Instituto Geográfico y Estadístico. Esta fuente cifra en alrededor de 3 millones y medio los españoles que partieron a América.

En total, durante los cinco siglos, alrededor de 5 millones de españoles son los que se repartieron por todo el gran continente americano. Esa misma cantidad de personas es la que se estima que han entrado en España, en un solo país de 505.990 km², desde 1990 hasta 2017 según los datos publicados por la ONU.

En la actualidad España cuenta con 5.947.106 inmigrantes, lo que supone un 12,78% de la población de española. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 3.054.960 mujeres, lo que supone el 51.36% del total de inmigrantes, frente a los 2.892.146 de inmigrantes varones, que son el 48.63%.[2]

Además, comparando los datos del Padrón Municipal con las cifras del Ministerio, podemos concluir que existen en España más de un millón de inmigrantes irregulares, a pesar del último proceso de regularización. Si a lo anterior adicionamos a los inmigrantes que no se empadronan podemos cuantificar casi un millón y medio de inmigrantes ilegales.[3]

España – Inmigrantes

Fecha    Inmigrantes           hombres Inmigrantes             mujeres Inmigrantes        % Inmigrantes
2017                    2.892.146 3.054.960 5.947.106          12,78%
2015                 2.884.000 3.007.208 5.891.208          12,69%
2010                    3.238.238 3.041.827 6.280.065          13,46%
2005                    2.140.680 1.966.546 4.107.226            9,33%
2000                      838.058 819.227 1.657.285           4,08%
1995                      499.114 520.953 1.020.067            2,56%
1990                      390.448 431.157 821.605            2,11%

Desde el año 2000 hasta el 2005, la población extranjera se multiplicó por cuatro, España es, en la actualidad, el décimo país que mayor cantidad de inmigrantes tiene en números absolutos, por detrás de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá o el Reino Unido.

La inmigración en España procede principalmente de Marruecos, el 11,91%, Rumanía, el 11,00% y Ecuador, el 7,09%. Siendo más de un 37% los inmigrantes que provienen de Iberoamérica.

El incremento exponencial de la inmigración que proveniente de Iberoamérica ha propiciado que se denomine a este fenómeno como la “latinoamericanización” de la población extranjera. (Más del 37%). Sin embargo, los marroquíes y europeos siguen teniendo un peso significativo en las comunidades extranjeras residentes en España.[4]

Además, es un dato objetivo que el mayor flujo de inmigración irregular no entra por las televisivas “pateras del mediterráneo” sino como turistas, por nuestras fronteras terrestres o aéreas, con la intención de permanecer en España al igual que lo han hecho la mayoría de los inmigrantes que han entrado otras vías.

Inmigrantes en España según país de origen (2017)[5]

Países Inmigrantes
Marruecos 706.520
Rumanía 652.312
Ecuador 420.344
Colombia 350.802
Reino Unido 308.872
Argentina 254.230
Francia 205.624
Alemania 202.544
Perú 186.555
Venezuela 162.000
República Dominicana 158.393
China 157.190
Bolivia 152.109
Cuba 132.378
Bulgaria 128.078
Portugal 113.095
Italia 107.332
Brasil 100.128
Ucrania 82.392
Rusia 80.007
Uruguay 74.338
Polonia 64.469
Suiza 62.876
Paraguay 59.485
Argelia 56.569
Pakistán 55.064
Chile 54.916
Senegal 49.930
México 49.074
Holanda 47.154

Esta dinámica produce un incremento significativo de la percepción social del problema de la inmigración. Si nos ceñimos a las encuestas del CIS, los españoles empiezan a preocuparse de manera notable sobre el número de inmigrantes que recibe España.

Las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos han sido fruto de la improvisación, mostrando unas formas de inestabilidad claras en la política de inmigración española, unas veces han estado marcadas por los pactos comunitarios y otras veces por crisis evidentes de descontrol del fenómeno migratorio.

Desde el comienzo del siglo XXI se han aprobado cinco leyes orgánicas, dos en el 2000; dos en 2003 y una 2009, dos reglamentos generales de desarrollo de la ley (2001 y 2004) y seis procesos de regularización de los cuales dos han sido procesos extraordinarios de regularización masiva con casi 800.000 inmigrantes legalizados y más de un millón de inmigrantes ilegales en espera de regularización o expulsión.

Estos cambios tan intensos y drásticos nos muestran un umbral de colapso y saturación evidente en la respuesta social que desde la administración se debiera dar, generando la creación de guetos y matrimonios endogámicos que dificultan la integración laboral, problemas de inseguridad derivados del aumento de la inmigración ilegal e irregular, tensión en los servicios públicos y dinámicas de discriminación positiva que conllevan una lógica preocupación de la población autóctona de cara a la dificultad en el acceso a los servicios sociales y públicos.

Por otra parte, la tasa de paro de la población extranjera ha aumentado situándose en el primer trimestre de 2018 en el 24,28% frente al 15,70% que representa la española.[6] Y la mayor parte de la inmigración irregular trabaja en la economía sumergida, donde España tiene el nefasto honor de encabezar la clasificación europea.

Todos estos elementos bastarían para catalogar de caótica la toma de decisiones en nuestra política de inmigración de cara a generar una estabilidad social en nuestro país, y que las personas inmigrantes puedan llevar a cabo su proyecto vital evitando así el enfrentamiento de los sistemas culturales y consiguiendo que la convivencia no sea conflictiva.

Crecimiento económico, inmigración, productividad y salarios

Antes de que comenzara la crisis económica, España tuvo el privilegio de ser la octava economía del mundo. Por delante sólo estaban Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Para conseguir ese puesto, el Producto Interior Bruto (PIB) enlazó crecimientos positivos desde 1995 hasta 2007 que en la mayoría de los años superaron el 3%, llegando en algunos momentos hasta el 5%.

Es en el año 2009 cuando se produce una caída del PIB de más 3%, repitiéndose el caso en el año 2012. Esas caídas han hecho que España salga de entre las 10 mayores potencias mundiales, sin embargo está teniendo una recuperación con un repunte en el aumento del PIB del 3% en los últimos tres años.

Habría que diferenciar dos etapas para establecer los motivos de ese crecimiento Español. La primera, hasta la crisis de 2007-2009 y la segunda la que va desde esa fecha hasta nuestros días.

Para justificar ese repunte de recuperación de los últimos tres años enunciaremos algunos motivos como son la bajada de los tipos de interés, similar al efecto que tuvo nuestra entrada en el euro en 1998, y la brusca bajada del precio del petróleo (recordemos que España tiene una dependencia del crudo mayor que la media de la Eurozona), aunque este análisis no es el motivo del presente ensayo.

Existen alguna voces que responsabilizan a la inmigración del crecimiento económico español producido entre 1995 y 2007, sin embargo, el agente principal del crecimiento español fue el ingreso en la UE en 1986.

Buena parte de los avances se explican por los fondos a los que España pudo acceder proveniente de la UE, por el acceso del mercado europeo, el efecto del cambio de moneda y por las inyecciones económicas que han supuesto los déficits y endeudamientos de las autonomías y de los municipios españoles. Financiación de la agricultura, de las infraestructuras, ayudas a empresas, al desarrollo regional, a la cohesión, a la formación… En total, la Unión Europea invirtió en España, según datos del ministerio de Economía, 230.000 millones de euros brutos hasta 2010. Eso sin incluir ayudas directas o transferencias en I+D que no quedan registradas en la contabilidad del Tesoro.

Sólo los fondos estructurales destinados a la financiación de grandes obras públicas fueron cerca de 140 mil millones de euros en 25 años. Financiándose las líneas de Alta Velocidad, los aeropuertos y las principales autovías, así como la modernización de las redes de distribución en pueblos y ciudades.

Esta inversión también se reflejó en uno de los principales sectores de la economía del país: la agricultura, gracias a los fondos de la Política Agrícola Común, el campo español recibió más de 100 mil millones de euros.

No significa esto que el aporte económico de la inmigración haya sido despreciable pero no fue el eje del motor económico.

En la actualidad, la mayoría de los agentes económicos establecen que el principal problema de nuestra economía es la productividad, necesitamos una industria o conjunto de industrias que sean capaces de emplear entre 3 y 3,5 millones de personas. Estos empleos no serían solo directos, sino también los indirectos generados por el aumento del consumo de los nuevos empleados en la industria.

La productividad del trabajo tiene que ver con múltiples factores; el nivel de cualificación de los trabajadores (formación y experiencia), el nivel de la tecnología utilizada (bienes de capital y organización productiva), las condiciones de trabajo (valoración por la empresa del trabajo realizado) y el salario que perciben los trabajadores.

Cuando se genera la oportunidad, para ahorrar costes, las empresas contratan mano de obra con salarios bajos. No obstante, a la larga se produce una disminución de la productividad por el retraso en la inversión de nuevas tecnologías y por la desmotivación de unos trabajadores que perciben un salario no eficiente para el incentivo de su esfuerzo.

Podemos afirmar que unos salarios más bajos a corto plazo son muy rentables para el capital, sin embargo, implica demanda global deprimida, una bajada de la productividad, y por lo tanto una disminución en la cuenta de resultados de las empresas con el paso del tiempo.

Que los salarios sean bajos tiene mucho que ver con las desigualdades existentes entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado, pero también tienen que ver con la desigualdad interior y la que existe entre las naciones del primer mundo, que hoy en día aumenta simultáneamente. Los procesos de descontrol migratorio y las deslocalizaciones productivas son los ejes de esas desigualdades.

Ya hemos afirmado anteriormente que en un sistema de libre-cambio los salarios tienden a uniformarse a la baja en todos los países y en esta ecuación existe una relación directa con los procesos de regulación masiva de inmigrantes.

La aparición de puestos de trabajo con una baja remuneración hace que estos sean ocupados por la gran masa de inmigrantes que aterrizan en España en poco espacio de tiempo. Si la remuneración fuera decente, esos puestos de trabajo estarían ocupados por españoles o por ciudadanos comunitarios que tienen asumidos sus derechos laborales después de tantos años de luchas sociales por el reconocimiento de sus justas reclamaciones. La aceptación de esos salarios conlleva una reacción en cadena empujando los salarios a la baja, interrumpiendo las evoluciones tecnológicas y como consecuencia disminuyendo la productividad futura.

Resulta poco comprensibles las cortas miras de una patronal que fomenta y aprueba los procesos de regulación masiva de inmigrantes, creyendo que son una apuesta beneficiosa al repercutir en la bajada de los salarios; pero son más sangrantes los apoyos que reciben a estas regularizaciones los sindicatos, que favorecen sistemáticamente a los inmigrantes, alineándose con la patronal y aceptando la competencia desleal para con el trabajador nacional en material salarial.

Las víctimas son las mismas de siempre, los más desfavorecidos, inmigrantes y trabajadores autóctonos sufren las consecuencia de unos recortes de derechos laborales y unos bajos ingresos, aumentado así la fractura social en los países desarrollados.

Efectos de la inmigración en los países emisores

De acuerdo con los datos de la Labour Force Survey (LFS) para el año 2015, una encuesta desarrollada por Eurostat sobre la población activa de los 28 estados miembros de la Unión Europea, 2 países candidatos y 3 países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)[7], la proporción de inmigración con alta cualificación o educación terciaria[8], sobre la población inmigrante total por países de la Unión Europea varía desde el mínimo del 7,7% de la antigua Yugoslavia, hasta el máximo de 50% de Polonia. En España, la inmigración de alta cualificación supone el 22,1% del total de la población extranjera residente y la que presenta estudios secundarios representa un 36,1 % del total.

tabla-inmigracion-educacion

Contrariamente de lo que se suele pensar la falta de formación no es un factor predominante a la hora emigrar con la esperanza de iniciar una vida mejor. Estos datos expuestos anteriormente nos hacen pensar que la intensificación de todos estos procesos de regulaciones masivas de inmigrantes plantean un serio problema en los países emisores. El necesario despegue económico y científico queda paralizado, produciéndose una sangría importante del mejor capital humano del que disponen. Por lo tanto, el problema del estancamiento de la productividad no solo es un problema de los países de acogida.

En la reciente crisis económica, la llegada de inmigrantes se ha visto restringida debido, entre otras cuestiones, a la reducida capacidad para acceder a un puesto de trabajo; teniendo presente que cerca del 55% de la inmigración que recibe España tiene estudios secundarios o terciarios, la capacidad para acceder a un puesto de trabajo se ha complicado mucho entre los inmigrantes menos cualificados. Espacialmente entre los inmigrantes de origen marroquí cuya tasas de paro son muy elevadas.

El nivel formativo de la inmigración que recibe nuestro país es en términos porcentuales es muy similar al perfil general de la población española comprendida entre los 25 y 64 años.

En el año 2017, un 43,5% de hombres y un 38,3% de mujeres (de 25 a 64 años) tenían un nivel de formación correspondiente a primera etapa de educación. En los niveles superiores, los porcentajes de población son más bajos, teniendo un nivel de formación secundaria los hombres y mujeres de un 22,7% y de educación superior un 38,9% las mujeres y un 33,8% los hombres.[9]

Es muy significativo, aunque no es el único motivo, que la fuga de nuestros jóvenes con un alto nivel formativo (alrededor del 80%), coincida con la avalancha de inmigración que ha sufrido España en la última década. Siendo la motivaciones principales a la hora de emigrar “la situación económica que vive España”, “la dificultad para acceder a un puesto de trabajo”, “la bajada de los salarios en España en relación a su nivel formativo” y “la adquisición de experiencia formativa y laboral”.[10]

Sin embargo los motivos estructurales, a parte del descontrol en las políticas migratorias, los podemos buscar en la falta de productividad de nuestro país, en el desmantelamiento industrial que ha sufrido durante las ultimas décadas, en el derroche económico para mantener el cada vez menos eficiente sistema autonómico, en la precariedad laboral de nuestros trabajadores, en el nivel salarial, en la presión fiscal, en la reducción en inversión en I+D+I, y en los impedimentos administrativos y la criminalización por parte de la inspección que reciben nuestros emprendedores.

Efecto de la inmigración en los países receptores

Si a largo plazo los procesos de inmigración descontrolada frenan los incrementos de productividad, a corto plazo son muy beneficiosos para el capital al generar una mano de obra barata, manejable y resignada.

Sin embargo, en la generación aquí nacida, o aquí traída desde la infancia, el panorama variará considerablemente, asumiendo muy rápidamente el patrón autóctono dominante y no conformándose con los salarios a la baja aceptados por sus padres. Si esto lo unimos a posibles altos índices de fracaso escolar, al un desencuentro cultural con la población nacional debido a la avalancha sin asimilación que debería tener todo proceso regulado, y a su residencia en barrios marginales con escasos recursos económicos donde habitan familias desestructuradas que favorecen la creación de suburbios y guetos, tendremos un coctel explosivo que tenderá a la sobredelincuencia.

Sin bien es cierto que no queremos generalizar con este proceso a toda la inmigración que recibe España, también es cierto que el 46,8% de la población inmigrante no tiene estudios o solo tiene estudios primarios, siendo los inmigrantes menos cualificados los más afectados por la crisis, sin posibilidad de acceder al mercado laboral unos y recibiendo unos salarios miserables otros. Es aquí donde focalizamos el comentario anterior.

Sea como fuere los datos no dejan lugar a dudas, el porcentaje de extranjeros en las cárceles españolas corresponde casi al 30% de la población total reclusa exístente en España[11], porcentaje extremadamente alto en términos absolutos en relación a la población extranjera residente en España y la población autóctona.

Esta tasa es considerablemente menor que la que se dio en los años 2008-2010, período en el que se alcanzaron sus máximos índices de ocupación. En diciembre de 2010, coincidiendo con el ciclo de mayor entrada de inmigrantes y los procesos de regulación masiva, en las cárceles españolas llegó a haber internados más de 27.000 extranjeros, el 36% de la población carcelaria total. Existiendo una relación directa entre el aumento de la población reclusa extranjera con la avalancha recibida de inmigrantes entre los años 1999 y 2012.

Los extranjeros representan el 12,78% de la población española, pero son casi el 27% del total de los detenidos e investigados por causa de infracción penal en 2016.[12]

Estos datos se traducen en un alto coste en recursos policiales, judiciales y penitenciarios, simplemente, teniendo presente el coste anual por preso que está estimado en 23.725 euros, supone un gasto a las arcas del estado de alrededor 400 millones de euros anuales los 16.549 extranjeros que se encontraban en cárceles españolas a finales del año 2017. Estas cifras, tendrían un importante incremento, en cuanto a relación con la emigración, si hubiera datos de reclusos nacionalizados, dada la facilidad para obtener la nacionalidad española: 2 años de residencia para sudamericanos, 5 para ‘refugiados’ y 10 para el resto.

El experto jurista Matías Recio, Doctor en derecho, en su libro “La expulsión de extranjeros en el proceso penal”, nos expone las dificultades existentes en nuestra praxis y ordenamiento jurídico para establecer la toma de medidas en la expulsión de inmigrantes extranjeros como consecuencia de considerar su conducta criminal como una voluntad contraria a la integración del país de acogida. Y es que se produce la paradoja de que como la legislación española contempla tanto a nivel administrativo como penal la expulsión del delincuente extranjero, el inmigrante ilegal podría ser expulsado por vulnerar las normas de extranjería sobre entrada y permanencia en territorio nacional, y sin embargo, el extranjero que delinque no puede ser expulsado a la espera del agotamiento del proceso judicial derivado de la pena, lo que vuelve a generar un mayor gasto en el consumo de recursos de las administraciones unido a la amenaza que supone para la sociedad.

Atendiendo a la mayor tasa de paro y a su menor nivel de renta, la media de los inmigrantes consume un mayor gasto/persona en prestaciones por desempleo, rentas de inserción, ayudas al alquiler… Ante esta afirmación tenemos que hacer la salvedad de los extranjeros residentes en España con renta superiores a la media de los españoles, -que representaría el 17% del total de los extranjeros en España comprendidos entre los 25 y 64 años-, y de la comunidad china (cerca del 3% del total de los extranjeros) que tendría una tasa de paro bastante más baja que la media española.[13]

No obstante, en su conjunto los inmigrantes aportarían entre el 4 y el 5% de los ingresos totales del Estado, y basándonos en la distribución de gastos por grandes renglones del conjunto de las administraciones públicas en España con datos de 2015 consumirían el 9,1% del gasto total, resultado que genera un coste fiscal neto muy gravoso para los españoles.[14] El desequilibrio entre la aportación de los españoles y los extranjeros a las arcas pública es enorme y sólo se explica por la mayor tasa de paro de los inmigrantes extranjeros.

Debido al cada vez más regresivo sistema impositivo español estos sobregastos derivados de la inmigración serán financiados por las clases medias y las clases más desfavorecidas españolas, ya sea soportando el equilibrio económico por medio de mayor presión fiscal o a través del impacto social que suponen las dificultades en el acceso al empleo y a las prestaciones sociales.

Existen algunos datos que a priori son positivos; vendido a bombo y platillo por los distintos medios de comunicación hemos visto como en junio de 2018 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ha aumento un 8,06% con respecto al año anterior, se trata del mayor aumento en un mes de junio desde 2006, fecha que coincidió con el proceso de regularización de extranjeros. Sin embargo, del total nacional en número de afiliados representa 10,66% y en cotizaciones absolutas el porcentaje de aportación apenas supone un 5%.[15]

En relación a las prestaciones de inserción social no tenemos datos para establecer los parámetros estadísticos adecuados, las distintas administraciones o comunidades autónomas no ofrecen datos cribados en este sentido. Pero podemos afirmar que una proporción muy elevada de sus beneficiarios son extranjeros, en su mayoría africanos de origen marroquí, y estimamos que esos gastos irán en aumento. Igual pasa con las ayudas por alquiler de vivienda para personas con bajos ingresos o las prestaciones de tipo familiar por tener niños a cargo.[16]

Lo que si podemos cuantificar son los ingresos de prestaciones por desempleo en base a la declaración de la renta, en el año 2016, han sido 524.029 los extranjeros que en su declaración de IRPF han comunicado dicha prestación por un importe superior a 1400 millones de euros.[17]

Debido a que una parte muy importante de los inmigrantes se encuentran en edad laboral, el 39% de los extranjeros residentes en España tienen entre 30 y 44 años[18], las transferencias afuera de nuestras fronteras por las pensiones de jubilación no representan un problema de inicio pero la sangría en las arcas de la seguridad social se producirá en los próximos años de manera efectiva.

Por otro lado, el impacto que el proceso de asimilación de tantos inmigrantes en tan poco tiempo ha provocado en el gasto público ha supuesto la detonación en la inversión en nuevos colegios, carreteras, hospitales y centros de salud, comisarias , juzgados, prisiones, guarderías, comedores… con el fin de conseguir adecuar los recursos en un tiempo óptimo. Aunque es cierto que estos gastos no los podemos imputar a los procesos de recepción de inmigrantes de una forma directa, entendemos que su repercusión es más que lógica.

Otro apartado del gasto que analizamos es la sanidad. A priori, dada la estructura de edad de la población extranjera en España, cuya edad media es menor que la media de la población española, su consumo de recursos sanitarios no supone una desproporción con respecto al resto de la población autóctona, es más, su paso por atención primaria o servicios de medicina preventiva son significativamente inferiores al del conjunto de población española[19]. No ocurre lo mismo en la utilización de los servicios urgencias, donde el colectivo de origen latinoamericano lo utiliza con mayor frecuencia que la población española o el resto de la población inmigrante.[20] Sin embargo, los recortes en gasto sanitario de los últimos años, unidos al próximo envejecimiento de la población inmigrante, supondrá duplicar el gasto sanitario anual en 2025 con respecto a 2015, si no queremos sufrir una degradación de la asistencia sanitaria de nuestro sistema nacional. Esto conllevaría pasar de los 64833 millones de euros a 97000-113000 millones de euros.[21]

Con respecto al nivel de natalidad, las sociedades de acogida, por lo general, suelen ser sociedades envejecidas para las que la inmigración, en un primer momento, implica juventud y fertilidad y, consecuentemente, una tendencia al rejuvenecimiento de la población. Pero como hemos comentado en algún caso anterior analizando otros fenómenos, las madres extranjeras se adaptan muy rápidamente al patrón dominante de las madres españolas de 1,33 hijos de media. En la actualidad el 17,62 % de nacimientos son de madre extranjera[22], porcentaje que tiende a disminuir por los mismo motivos que lo hace el comportamiento de la pareja española: dificultad en el acceso a un puesto de trabajo, salarios bajos e inestabilidad laboral. Sin embargo, este control de natalidad de la población extranjera se hace patente en las elevadas cifras de aborto que presentan, el 36% de los abortos que se practicaron en 2016 en España lo realizaron mujeres de origen extranjero, lo que supone nuevamente una desproporcionalidad en el gasto.[23]

Invertir la tendencia

Los procesos de regulación masiva de inmigrantes han dado como resultado unos cambios drásticos en los modelos de gestión pública, generando un colapso y saturación de la administración en momentos evidentes, con el fin de poder dar soluciones a las necesidades demandadas en muy poco espacio de tiempo.

No ha existido una política clara con respecto a la gran cantidad de inmigración que ha asumido España en los últimos 18 años, ésta ha estado marcada por la inestabilidad, la improvisación, la ocurrencia, o por un mero sentimentalismo carente de sentido de estado.

Estas políticas de inmigración ha supuesto una fuente de costos muy significativos para las arcas públicas, y han sido utilizadas por las grandes empresas para reducir los salarios y desestabilizar el equilibrio laboral de nuestra sociedad. Han constituido una irresponsabilidad de cara a los millones de inmigrantes ya instalados, en situación regular o no, con el fin de que puedan acceder a los derechos de un puesto de trabajo y una vivienda digna que establece el preámbulo de nuestro ordenamiento constitucional.

Este descontrol ejecutivo y legislativo está consiguiendo aniquilar la naturalidad de los procesos migratorios, está ejecutando al inmigrante y al ciudadano autóctono silenciosamente hasta llevarlo a nadar entre grandes índices de miseria dentro de nuestras fronteras. Y este proceso no corresponde al caso aislado español, es una más de las consecuencias lógicas de la mundialización que armoniza deslocalizaciones masivas, arbitraria circulación de capitales y vasallaje de los bancos centrales, con estos procesos de inmigración.

La asimilación ya no es posible en un contexto de inmigración masiva. Se deben tomar medidas constitucionales, legislativas y reguladoras para detener el desastre futuro de estas arbitrariedades. Así como, tomar medidas a nivel internacional como parte de unas políticas firmes y eficientes de cooperación.

Es necesario un cambio de tendencia que asegure el aporte de un valor económico neto de la inmigración y evite problemas socioeconómicos y de convivencia, y que garantice la paz y la cohesión social dentro del respeto a la legalidad. Y para esto proponemos en el próximo ciclo las siguientes medidas:

  • Reducción del 90% en las entradas por año, de la inmigración legal, durante los siguientes 5 años, estableciendo preferencias y promocionando los perfiles que permitan el desarrollo y la innovación de nuestro país. Modificaciones legislativas y reguladoras para conseguir hacer efectiva esta medida.
  • Reducción de los tiempos máximos de la tarjeta de residencia y estricto control de las condiciones de obtención. Políticas rigurosas de visados para evitar el “falso turismo” con intención de asentamiento.
  • Reducción drástica en el número de concesiones de los solicitantes de asilo. Modificaciones legislativas y reguladoras para conseguir hacer efectiva esta medida.
  • Supresión de la reunificación familiar generalizada. Preferencia de la reunificación familiar europea.
  • Revisión de los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación de personas: España debe retomar el control de sus fronteras.
  • Supresión en las leyes que posibilitan la regularización de inmigrantes ilegales. Prohibición de los eventos de apoyo para inmigrantes ilegales.
  • Devolución de todos los inmigrantes que hayan cometido delitos penales y, de cualquier persona que ingrese o permanezca ilegalmente en España. Las penas de prisión contra extranjeros serán ejecutadas en su país de origen gracias a acuerdos bilaterales con dichos países.
  • Política de Inmigración sólo aceptada en base a contratos previamente obtenidos y temporales. Se estimulará a los extranjeros en situación legal y que no encuentren trabajo a regresar a su país después de un año de inactividad, vía devolución, en forma de capital, de sus contribuciones a la Seguridad Social.
  • Supresión del derecho de nacionalidad por residencia y reforma en profundidad del código civil con respecto a la obtención de la nacionalidad española. Su adquisición no debe ser una mera formalidad administrativa. La nacionalización merece y debe estar sujeta a una presencia prolongada y pacifica en el territorio, en situación legal, con dominio de la lengua española, y/o en su caso lenguas regionales, y superación de una prueba de ciudadanía española. Cuatro años de vida en común demostrada para obtener la nacionalidad por matrimonio o pareja de hecho. En términos generales, eliminación de la doble nacionalidad, excepto en los casos de que esta doble nacionalidad sea compartida con otro país de la Unión Europea; las personas afectadas deberán elegir entre las dos nacionalidades.
  • Aplicación de la prioridad nacional. Se incentivará a las empresas a priorizar la contratación, en igualdad de capacitación, de personas con nacionalidad española. Con el fin de alentar a las empresas a respetar esta práctica de prioridad nacional, debería promulgarse una ley que obligue a ofrecer, siempre en igualdad de capacitación, los puestos de trabajo disponibles para los solicitantes de empleo españoles. Las administraciones públicas también respetarán este principio. La prioridad nacional debe aplicarse a todos los españoles, cualquiera que sea su origen. Los extranjeros que trabajan y contribuyen se beneficiarán de los frutos normales de sus contribuciones. En el acceso a las ayudas y viviendas sociales, plazas de guarderías públicas, rentas de inserción, prestaciones de tipo familiar por tener niños a cargo… , en igualdad de condiciones, se ofrecerá primero a las personas de nacionalidad española independientemente de cual sea su origen.
  • Implementación de fuertes políticas de cooperación internacional, particularmente con nuestros vecinos más cercanos africanos. Todas las ayuda al desarrollo dependerá de la estrecha cooperación que estos países tengan con las autoridades españolas en relación a los flujos migratorios y los procedimientos de expulsión de inmigrantes ilegales a sus países de origen.
  • Se debe convertir el Ministerio de Interior en la terminal de coordinación real de la gestión de todas las administraciones autonómicas al servicio del control de la inmigración. Dotándolo de autoridad y subordinando las demás administraciones a dicha coordinación desde el punto de vista normativo y ejecutivo.

[1] Cifras elaboradas a partir de M. Mörner “La emigración española al Nuevo Mundo antes de 1810”,p. 15, y p. 64. Para el siglo XVIII, recogemos la estimación de Mario Hernández Sánchez-Barba, “La población Hispanoamericana y su distribución racial en el siglo XVIII”, Revista de Estudios Políticos nº78 (1954), pp. 117-118.

[2] Anuario demográfico de Naciones Unidas (1990-2017)

[3] La limitación de esta afirmación la establecemos en que la población que llega a España tarda un tiempo en empadronarse y la que se marcha de España no se desempadronan activamente antes de irse. (En el padrón hay registradas personas que no deberían estarlo y faltan otras que deberían estar registradas)

[4] Inmigración, integración, mediación intercultural y participación ciudadana. “La política de inmigración en España”, Enrique Conejero Paz

[5] Datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. España

[6] Datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. España

[7] Encuesta realizada de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 577/98 del Consejo de 9 de marzo de 1998

[8] Utilizamos la agregación en tres categorías (primario, secundario y terciario) ofrecida por Eurostat, que salva los posibles cambios estructurales entre la International Standard Classification of Education de 1997 (ISCED 97) y la ISCED 11; información agregada en la propia LFS.

[9] Estadísticas de educación y formación. Eurostat. Nivel de formación de la población adulta (de 25 a 64 años). INE 2017

[10] “La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar”. INJUVE.

[11] Estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. 2018

[12] Ultimo Anuario Estadístico publicado del ministerio del Interior 2016

[13] Tasas de afiliación a la Seguridad Social. 2017

[14] Informe “El coste de la inmigración en España” Grupo de Estudios Estratégicos. 2018

[15] Afiliación a la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Junio 2018. Cotizaciones Seguridad Social consignadas en declaraciones IRPF.

[16] En las listas publicadas por las distintas administraciones podemos distinguir como los beneficiarios principales según los baremos establecidos son extranjeros. Estos no tienen DNI sino NIE (Número de Identificación de Extranjero) y los dígitos alfanuméricos para su identificación en dichas listas comienzan con la letra X o Y.

[17] Desempleados y percepciones medias por nacionalidad, sexo y edad del perceptor. Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Estadística año 2016. Agencia Tributaria.

[18] “Extranjeros residentes en España”. Marzo 2016. Ministerio de empleo y de la Seguridad Social.

[19] Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). XXVIII Congreso semFYC sobre Atención al Inmigrante

[20] “La utilización de los servicios sanitarios por la población inmigrante en España” Enrique Regidor, B.. Belén Sanz, Cruz Pascual, Lourdes Lostao, Elisabeth Sánchez, J.M.. José Manuel Díaz Olalla

[21] Funding the gap. El futuro del sistema sanitario: ¿Será posible financiar el sistema y reducir las desigualdades en salud?. ESADE. 2017

[22] “España en cifras 2017”. INE

[23] Datos estadísticos serie 2011-2016. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

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