Democracia: buscando el «demos»

partenon

Ciertamente, estoy harto de leer tantas loas a la antigua democracia griega, insistencia que, además de reflejar un estado de ánimo contra la insuficiente democracia liberal, no deja de ser un recurso platónico y romántico, falto de todo realismo político. Este bombardeo ha llegado a su máxima expresión con la celebración de referéndums para escenificar un inútil enfrentamiento contra la burocrática Unión Europea, en unos casos, o contra el histórico Estado-nación de turno, en otros, un plebiscito refrendario –con efecto boomerang– con el que algunos “soberanistas” –estén a la izquierda o a la derecha, sean nacionalistas o separatistas– se pasan la soberanía popular por el arco dórico del Partenón.

El mito de la democracia griega

La apelación a una idealizada y prístina democracia griega se ha convertido en uno de los mantras de los movimientos populistas. Esto, unido al método etimológico, consistente en creer que el mismo nombre de las cosas determina –o ha de determinar– por sí solo su naturaleza de manera unívoca –o sea, que la verdadera democracia no puede ser otra cosa que el gobierno directo, y cuanto más directo, mejor–, ha generado abundantes discursos afectos a un despreciable “democratismo”. Y, por cierto, esto señala otra cuestión inquietante: la democracia no es una necesidad histórica. Ni la antigua ni, que sepamos, la moderna. Estos experimentos de “democracia total” acaban siempre en regímenes de monarquía absoluta, dictaduras militares o tiranías populares. Tiempo al tiempo.

Pero entonces, ¿de dónde surge tal mito? Durante la Revolución francesa y, posteriormente, durante el romanticismo, tanto los pensadores como los políticos, volvieron a menudo sus miradas sobre las “Repúblicas de la época grecorromana” (Atenas, Esparta y Roma), estableciendo incluso un debate en torno a las contraposiciones “Atenas contra Esparta” o “Esparta contra Atenas”. Debemos recordar que la reivindicación tardía de la sociedad espartana, en cuanto estructura militarizada y presuntamente racial, por los jacobinos y los nazis, quizá haya generado otro mito, en un sentido absolutamente opuesto al de Atenas.

Pero ¿qué hay de cierto en todo esto si lo observamos con una mentalidad posmoderna?

En el siglo V a.C. la civilización griega era muy democrática, sí, pero también muy aristocrática y esclavista, lo que significa que la mayoría de la población no pertenecía a la élite ciudadana y soberana, sino que todo un grupo de mujeres, trabajadores, esclavos y extranjeros (metecos) no era jurídicamente libre, ni políticamente activo. Porque es un hecho que la condición de hombres libres, con plenitud de derechos políticos, sólo se predicaba de los ciudadanos. En torno al año 430 a.C., la población para la región de Atenas era de unas 300.000 almas. Pues bien, sólo el 10% de esta población, unos 30.000 individuos –el demos– disfrutaba de derechos políticos y civiles.

Esto es que, en un primer nivel, la población se dividía, utilizando términos modernos, en nacionales y súbditos. Entre los nacionales –aquellos que nacían en Atenas de padre y madre atenienses (una hibridación del derecho de sangre y tierra)– se encontraban los varones, los únicos capacitados para ser ciudadanos, y no todos, porque podían perder esta condición por causas bélicas, morales o económicas; y también las mujeres y los niños, que no disfrutaban de las prerrogativas de la ciudadanía. Entre los súbditos, se encontraban algunos comerciantes, trabajadores y esclavos, fueran o no extranjeros (incluso de otras polis vecinas). Por descontado, éstos no tenían ningún derecho, y menos para participar en la vida de la res publica.

El poder legislativo estaba en manos de la Asamblea (Ekklesia) que tenía la función de aprobar las leyes, los impuestos y hacer la guerra: en ella participaban sólo unos 3.000 ciudadanos, o sea nunca la totalidad… –y ésta es, ni más ni menos, la famosa democracia directa o asamblearia con la que a algunos se les llena la boca. La dirección de la Asamblea recaía en un consejo (Boule) integrado por 500 ciudadanos elegidos por sorteo. En una traslación a nuestra época, sería lo que la Comisión europea representa respecto al Parlamento europeo, paradigma del conocido déficit democrático de la Unión Europea. Finalmente, el poder judicial estaba constituido por un tribunal (Helieo) que juzgaba los conflictos, las reclamaciones y las quejas de los ciudadanos (recuérdese, sólo del 10% de la población) y estaba formado por ciudadanos elegidos también por sorteo en la dinámica de la Asamblea. La isonomía (igualdad ante la ley) era una utopía.

Como en cualquier asamblea multitudinaria, una minoría hiperactiva e hiperparticipativa era, finalmente, la que determinaba la agenda, el proceso y las decisiones políticas. Creer, además, que los ciudadanos atenienses hablaban y votaban pensando en el bien común, en lugar de defender intereses personales o gremiales, como sus modernos equivalentes, pertenece al terreno de la ingenuidad más absoluta. El mito de la democracia ateniense, además, permite sostener la ficción de que el gobierno del pueblo puede llevarse a cabo mediante métodos puramente democráticos, participativos o deliberativos, cuando la realidad es que, entonces y ahora, el sostén político de los regímenes democráticos se ha fundamentado principalmente en procesos de carácter técnico o burocrático, ajenos a la ciudadanía y ejecutados por una minoría. Quizás, entonces, el problema no sea tanto el modelo de democracia, sino el encumbramiento de una determinada minoría (aristocrática, burocrática, tecnocrática, partitocrática) que, presuntamente, debe regir los destinos soberanos del pueblo.

Antes del siglo V a.C. el poder político en Atenas residía en una aristocracia guerrera y terrateniente, descendiente de los antiguos invasores indoeuropeos. Se trataba de individuos suficientemente equipados y preparados como para acudir a la guerra con un caballo, su equipo y toda la panoplia armamentística. La guerra, entonces, no era como en nuestra época, un evento desgraciado para la humanidad, sino una natural actividad de carácter casi permanente y decisiva para la libertad y prosperidad de la polis, pues de ella se obtenían nuevas tierras, esclavos y botín. En consecuencia, la influencia política de los que decidían en la batalla era concluyente. Sin embargo, el aumento de la importancia de la actividad comercial propició el nacimiento y desarrollo de una nueva clase media mercantil, que comenzó a militar en la infantería pesada, pues también podía costearse el equipo de combate; en consecuencia, su participación en la relación de fuerzas políticas se hizo decisiva. Así que los democráticos atenienses decidieron otorgar también la ciudadanía a ciertos individuos en función de sus méritos militares o, lo que ya nos gusta menos, de su patrimonio económico. El demos se abría así a los mercaderes, pero no al resto de la población.

Los varones griegos, liberados del trabajo productivo o doméstico por los comerciantes, trabajadores, esclavos y mujeres, dedicaban su tiempo al gimnasio, a las competiciones atléticas, a escuchar a los filósofos y oradores en los espacios públicos, a las tareas políticas de las asambleas, tribunales y magistraturas, así como a la guerra cuando se aburrían o era menester. Vamos, que vivían como reyes. Y como la asistencia a la Asamblea era bastante deficitaria, los democráticos y participativos atenienses decidieron remunerar la práctica de la función política. Por cierto, esto me suena… Pero realmente el objetivo era otro: impedir que ciudadanos con pocos recursos pudieran participar en las decisiones asamblearias. La incipiente burguesía griega se iba imponiendo a la antigua aristocracia guerrera. Esto también me suena. Así que en Atenas se despreciaba a los humildes, mientras en Esparta se rechazaba a los discapacitados. ¡Viva la ciudadanía universal!

La memoria de esta mítica democracia ateniense es uno de los “relatos modernos”, inherentes a todo mesianismo político, que hacen del liberalismo el punto final de la Historia. Se nos cuenta que había una vez una democracia de verdad, pero perdimos el rumbo por la traición al pueblo real de una burguesía aliada a los poderes financieros y entregada a los mercados. El problema es que, probablemente no haya un régimen menos susceptible de ser tomado como modelo para la democracia contemporánea que la democracia griega, y quienes la reivindican con tanta insistencia seguramente lo hacen a través de los deformantes espejos de una falacia, muy común en política, que consiste en juzgar a la democracia moderna por lo que es en realidad (una farsa electoral) y a la antigua por lo imaginaria y erradamente se cree que fue (un edén participativo). En realidad, los indignados helenófilos continúan con la corriente de la tradición política occidental que, desde la Edad Moderna, se pretende heredera de la Antigüedad clásica, olvidando, por ejemplo, la filosofía de los pueblos paganos prerromanos y de las instituciones medievales europeas.

Y ahora hagamos un ejercicio de especulación histórica, trasladando el modelo de democracia griega a nuestra época. Tomemos, por ejemplo, un hipotético país europeo estándar de 40 millones de habitantes. De estos, sólo el 10% tendrían la condición de ciudadanos, esto es, unos 4 millones con derecho a participar políticamente en la Asamblea ciudadana. De repente, ya tenemos que prescindir de 36 millones de voces y votos. ¿Con qué criterios seleccionar, entonces, a los ciudadanos? Hoy, no podemos adoptar criterios de élite guerrera, por antiguos, ni criterios de casta económica, por demasiado modernos, ni de aristocracia espiritual, por demasiado difusos. Ni podemos discriminar por género (sexo) u origen (extranjería). Y, por supuesto, no hay esclavos (sí que los hay, pero están felices, como dice Javier R. Portella). Así que es necesario adoptar una serie de criterios que nunca serán objetivos ni conformes con la generalidad. Pero ahí van algunos: 1) tener la nacionalidad por nacimiento o filiación de padre/madre nacionales; 2) tener cierta formación académica o profesional; 3) ejercer una actividad laboral, comercial, profesional o empresarial (o haberla perdido por causas ajenas a la voluntad del sujeto); 4) estar al corriente de las obligaciones fiscales y sociales; 5) no haber sido condenado penalmente por delitos o faltas; y 6) tener entre 21 y 71 años (en defecto por inmadurez, en exceso por posmadurez). A este paso, si aplicásemos todos estos criterios simultáneamente, no llegaríamos ni a ese minoritario 10% de ciudadanos políticos. De esos 4 millones de ciudadanos, pongamos que sólo medio millón, elegidos por sorteo, participaría activamente en la adopción de las decisiones políticas. ¿Es esto lo que quieren los fans de la democracia antigua? ¿Demos contra aristos? Bien, en este caso podríamos llegar a un acuerdo.

La democracia directa: hacia una soberanía popular digital

Tradicionalmente reivindicada por la izquierda, el sistema de “democracia directa”, como contrario de la “democracia representativa” que rige en la mayoría de los Estados occidentales (donde los representantes acaban por constituirse en una oligarquía político-financiera), también está siendo asumido por una “nueva derecha identitario-comunitaria” cada vez más alejada de caducos planteamientos aristocráticos o meritocráticos que nada tienen que ver con los principios jerárquicos de una comunidad orgánica.

¿Cómo han de tomarse las decisiones que afectan a toda una población? Esta pregunta se ha planteado periódicamente desde tiempos clásicos. Los atenienses podían reunirse “todos” y votar directamente sobre las cuestiones. Pero ¿quiénes eran “todos” los ciudadanos con “derechos políticos”? Pues claro, una minoría aristocrática –descendiente de los antiguos invasores indoeuropeos‒ que sólo representaba aproximadamente el diez por ciento de la población total. El resto eran productores y siervos. Ya lo hemos visto antes.

Pero sigamos. Ya entonces, la mayoría de los pensadores opinaban que un sistema democrático como éste era siempre preferible a la otra opción: una tiranía. En encarnaciones más recientes de la democracia, el tamaño de la población hizo inviable tener en cuenta la opinión de cada ciudadano en cada decisión. Para solventar esto, fueron instaurados sistemas de democracia representativa, en los que la población elige cada cierto tiempo a unos representantes que se encargan de votar sobre los asuntos que se vayan planteando. En realidad, el tamaño de la población no es el único motivo para la existencia de representantes. Los Founding Fathers de Estados Unidos, por ejemplo, veían en lo que llamaban una “verdadera democracia” ‒es decir, una que no tuviera representantes‒ el peligro de la tiranía de la mayoría: las minorías se verían totalmente vulnerables ante los deseos de la mayoría. Otra objeción a que los ciudadanos opinen directamente es que puedan no tener la capacidad intelectual suficiente para comprender la complejidad de los asuntos de estado. Y, por último, entre los profesionales de la política se acepta tácitamente que ciertos aspectos relacionados con intereses y/o seguridad nacionales no pueden ser de dominio público, ya que esta transparencia desvelaría información sensible a terceros, además de restringir la capacidad de acción del gobierno.

Hoy en día existe un movimiento por la democracia directa, también llamada democracia pura o no-representativa, que comenzó siendo reivindicada por la izquierda radical, pero que está siendo asumida por una nueva disidencia neoderechista frente a la aplicación oligárquica del neoliberalismo. Siempre tomando el “modelo suizo” como ejemplo a imitar (¿democracia local?, ¿democracia federal?), el ensayista francés Yvan Blot ha revolucionado el pensamiento conservador respecto a las “esencias de la democracia” con sus libros sobre la democracia directa y el poder de la oligarquía, proponiendo un retorno a la función soberana del pueblo.

Los defensores de la democracia directa señalan que la tecnología actual hace que sea igual de sencillo computar millones que decenas de votos. Es decir, cada tema que, en una democracia representativa se vota en una cámara, digamos en un parlamento, podría votarse sin gran complicación a nivel de una región o de una nación. La tiranía de la mayoría no tendría por qué ser una amenaza siempre que existiese un cierto grado de debate y consenso, algo que de hecho se hace cada vez más factible gracias a las diversas plataformas y medios “en red” que nos invaden. Que la gente corriente no sea capaz de comprender los temas y decidir lo que más le conviene ha sido siempre un argumento de los que se han opuesto a una mayor democratización de cualquier sistema de gobierno. Y, sin embargo, la correlación entre lo que podríamos llamar nivel de democracia de un país (entendida como la homogeneidad de la distribución de peso político entre la población) y su desarrollo social no podría ser más clara: sólo hace falta comparar los países más democráticos como Suiza (donde cincuenta mil firmas fuerzan un referéndum vinculante) con los más autoritarios, digamos Corea del Norte o Venezuela. Finalmente, no está nada claro que ocultar los aspectos más oscuros de la política contribuya al bien de la población. En general, se puede decir que todos los argumentos a favor de los representantes, excepto el de la inviabilidad de computar muchos votos, dependen de que, por alguna circunstancia sin determinar, los representantes sean personas más justas, más sabias o más capaces que el ciudadano medio. Pero esto parece más bien un argumento a favor de la oligarquía. Y ya sabemos los nefastos resultados de las decisiones adoptadas por la expertocracia, que no dictamina ni siquiera con criterios técnicos, sino atendiendo a oscuros intereses ‒generalmente económico-financieros‒ de unos lobbies nada transparentes pero excesivamente evidentes.

Tenemos que reconocer que la democracia es un sistema en evolución, que nunca se ha cerrado, ni siquiera con la eterna polémica entre democracia representativa y democracia participativa. Probablemente la elección de representantes fuera antaño una de las mejores opciones para el funcionamiento de una sociedad; pero la tecnología actual está modificando esto, como tantas otras cosas. Si queremos hacer más democrático nuestro sistema, lo primero que debemos efectuar es un cambio de paradigma respecto a las personas que entre todos “contratamos” –elegimos o designamos– para realizar ciertas funciones político-administrativas: alejarnos de la primitiva idea del liderazgo y acercarnos a otra de “función pública”, servidores públicos que acaten nuestras instrucciones, no que tomen las decisiones por nosotros. Es importante señalar que esto no implica una pérdida de libertades del individuo en favor de la mayoría. Al contrario, dadas las plataformas adecuadas para el debate, será posible una mayor proyección de las ideas, necesidades e inquietudes de cualquier miembro de la comunidad.

El sistema de democracia directa podría ejercerse a través de medios informáticos y/o telemáticos on-line que permitan a cualquier ciudadano (identificado por su documento electrónico de identidad o firma digital) proponer ideas y/o votar por las de otros. Cada cierto tiempo, las propuestas que más votos hayan acumulado serían sometidas a referéndum a través del mismo sistema. Una forma de gestión de este tipo podría aplicarse simultáneamente a varios niveles (local, regional, nacional, continental). Consultas puntuales sobre los grandes temas o decisiones, consultas periódicas para refrendar la labor de los gobernantes, consultas fiscalizadoras para censurar hechos y obras, consultas decisorias para derrocar o remover un gobierno, consultas vinculantes para nombrar o renovar a los miembros de las principales instituciones… siempre y cuando no atenten contra la unidad, la integridad y la legitimidad de la soberanía popular (es decir, contra sus ámbitos jurídico, institucional, territorial, etc.). Un sueño que, lamentablemente, no escapa de la utopía: nuestras oligarquías político-financieras nunca admitirán una soberanía de este tipo.

Ahora bien, nuestra posmodernidad política, marcando los necesarios límites, también extraería beneficios balsámicos de la democracia directa. De hecho, es un poderoso antídoto contra la separación entre gobernantes y gobernados y la consiguiente desafección política. Solo percibiendo de forma tangible la contribución directa a la toma de ciertas decisiones se consigue conjurar el peligro de que las instituciones aparezcan como una imposición heterónoma, así como prevenir la oligarquización de la política.

Reflexiones intempestivas sobre el «el pueblo de ciudadanos»

La democracia es el sistema de gobierno que posibilita la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Decimos “ciudadanos” y “participación”. Un Estado moderno agrupa a una variada tipología de individuos: ciudadanos, nacionales, súbditos, extranjeros, asilados, refugiados, inmigrantes, etc. Pero sólo los ciudadanos deberían ostentar la plenitud de los derechos políticos, sean o no nacionales. El título de ciudadano es, teóricamente, un reconocimiento político por los servicios a la sociedad. Pero el título de ciudadano sólo puede predicarse de aquellos a los que se reconoce una serie de derechos y prerrogativas, contrapartida de la exigencia a los mismos de una serie de deberes y obligaciones para con la comunidad. El incumplimiento de esas exigencias obligatorias debería implicar, automáticamente, la exclusión de la comunidad política y, en consecuencia, del derecho a participar en los asuntos públicos. Todo aquel súbdito, sea o no nacional, que no cumpla con una serie de deberes básicos, como el ejercicio de una actividad laboral, profesional o empresarial, el respeto de las leyes civiles, penales y administrativas, o la satisfacción de sus obligaciones tributarias y sociales, no puede acceder a la categoría de ciudadano. Los asuntos públicos de la polis no pueden estar en manos de los que atentan contra la comunidad, ya sea por una condena penal o por fraude a la hacienda pública, entre otras causas. La democracia debe ser exclusivamente un gobierno de participación directa de los ciudadanos acreditados y legitimados como tales, no un gobierno de individuos con todos los derechos y ninguna obligación.

¿Por qué debe opinar sobre la reforma laboral un individuo que nunca ha ejercido una actividad remunerada y que vive de las ayudas públicas?, ¿por qué puede votar una reforma tributaria un individuo condenado por fraude en sus impuestos o un empresario con capital en paraísos fiscales?, ¿por qué puede opinar sobre la reforma educativa un individuo que abandonó sus estudios cuando era adolescente?, ¿por qué puede incidir en la reforma penal o penitenciaria un individuo que fue condenado por un delito?, ¿por qué puede votar un extranjero recientemente nacionalizado sobre la unidad territorial del Estado? Algunos dirán: la democracia moderna es un sistema imperfecto, pero continúa siendo el menos imperfecto de los posibles; siendo así, la democracia actual (liberal, parlamentaria y representativa) no es un sistema aceptable pese a su imperfección, sino una perversión de la auténtica democracia, la democracia de los ciudadanos que ejercen y cumplen sus derechos y deberes en beneficio de la comunidad.

La “democracia” no es una ideología (el democratismo), sino un sistema de gobierno, el gobierno del pueblo, pero no todo el pueblo (coincida o no con el etnos) constituye la ciudadanía política (el demos). La igualdad y la universalidad reconocidas al “voto” individual tienen un efecto perverso sobre la esencia de la democracia. Nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el demos?

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