El conflicto por el Brexit ha pasado de ser un problema europeo por cuestiones economicistas a convertirse en un plebiscito por la identidad, la propia esencia de la democracia y la seguridad jurídica de la que ella se deriva.
A pesar de perder una votación con una participación superior al 70% de los votantes registrados, los amigos de la burodictadura europea buscan toda clase de artimañas para frenar la voluntad mayoritaria del pueblo británico.
Esta semana se ha sumado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia que permite a Reino Unido suspender unilateralmente el proceso de salida en cualquier momento hasta la medianoche del 29 de marzo de 2019.
Sin embargo, el acuerdo suscrito por Theresa May contempla un período transitorio para el final de la relaciones de 21 meses, con prorroga de un año o dos, durante el cual Reino Unido debería seguir acatando la normativa europea. A esto se une la posibilidad de continuar de manera indefinida en la unión aduanera si no se consigue establecer un pacto que evite una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, formula esta que no se ha tenido en cuanta en las negociaciones con el caso de Gibraltar.
Para los grupos de presión que intentan que Reino Unido no abandone la UE, la revocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, o su prorroga de aplicación en el tiempo, generaría la esperanza de poder seguir manipulando con el fin de conseguir un segundo y, ¿por qué no?, un tercer referéndum hasta que salgan los resultados que ellos quieren imponer vulnerando la decisión soberana de los ciudadanos Británicos.
En la negociación de Reino Unido está en juego su soberanía económica, y eso implica que a pesar de asumir un alto coste inicial por la salida de la UE, la recuperación del control de su economía a la larga beneficiaría su recuperación económica. Para ello será necesario, salir del mercado único, de la unión aduanera y recuperar la libertad de negociar acuerdos con terceros países.
A pesar de que ello conlleve por un lado, el final de la libertad de movimientos de bienes, servicios, personas y capitales dentro de los distintos países que hoy pertenecen a la UE, y por el otro, la imposición del pago de derechos aduaneros entre Reino Unido y los demás miembro de la eurozona.
Ahora le toca el turno a la Cámara de los Comunes para ratificar el acuerdo, negociado bastante difícil puesto que el convenio de salida convierte a Reino Unido en un «vasallo» de la UE, que deberá cumplir la normativa comunitaria sin capacidad de decisión.
El verdadero problema es que el resultado de los acuerdos para el Brexit no acaba en el Reino Unido, sino que es la plasmación practica de la política de hoy, la cual no gira en torno a la derecha o izquierda, conservadores o liberales, progresistas o reaccionarios, sino sobre aquellos que ven en el Estado-nación como un obstáculo que vencer y los que lo ven como una herramienta para luchar contra la globalización salvaje y alcanzar los derechos sociales de los ciudadanos europeos.